El merenguero sostiene que Allegro y Planet Records continúan comercializando su catálogo pese a una orden judicial que, según su defensa, prohíbe la explotación de las obras. Su equipo legal prepara nuevas acciones.
SANTO DOMINGO, RD.– El merenguero urbano Antonio Peter de la Rosa, conocido artísticamente como Omega “El Fuerte”, abrió un nuevo capítulo en su disputa legal con las compañías Allegro y Planet Records, al denunciar que sus producciones musicales continúan siendo comercializadas en plataformas digitales a pesar de una disposición judicial que, según asegura, ordena suspender esa actividad.
La controversia coloca en el centro del debate el control económico de las grabaciones musicales, los derechos de explotación y los ingresos que generan las canciones en servicios de reproducción digital.
El intérprete sostiene que las empresas involucradas mantienen la distribución y monetización de su catálogo sin respetar las restricciones establecidas por los tribunales dominicanos.
Su denuncia representa un nuevo intento de recuperar el control sobre la explotación comercial de las producciones que forman parte de su trayectoria artística.
El conflicto ya no es solamente por las canciones, sino por quién recibe los ingresos
La expansión de las plataformas digitales ha transformado el negocio musical. Actualmente, una canción puede generar ingresos mediante reproducciones, publicidad, licencias y diferentes mecanismos de distribución.
En ese contexto, las controversias sobre la titularidad y administración de los derechos pueden tener consecuencias económicas para artistas, productores y compañías discográficas.
Omega afirma que Allegro y Planet Records continúan aprovechando comercialmente su repertorio, pese a que existe una medida judicial que, de acuerdo con su interpretación, impide mantener esa explotación.
La denuncia plantea una cuestión fundamental: quién está legalmente autorizado para distribuir las grabaciones y recibir los beneficios derivados de su comercialización.
Es importante precisar que los derechos de autor sobre las composiciones y los derechos sobre las grabaciones musicales no necesariamente pertenecen a las mismas personas o entidades. La determinación de cada titularidad depende de los contratos y de las disposiciones legales aplicables.
Omega cita una orden judicial que dispone suspender la explotación
A través de un comunicado, el artista informó que la Primera Sala Civil del Distrito Nacional dictó el Auto Civil núm. 034-2025-SADM-00028, mediante el cual, según su defensa, se ordenó suspender de inmediato la utilización y explotación física o digital de las obras comprendidas en el proceso.
La medida contempla una penalidad económica de RD$1,000 diarios por incumplimiento, conocida jurídicamente como astreinte.
El equipo legal del intérprete sostiene que esta disposición continúa vigente y debe ser respetada por las partes involucradas.
Asimismo, explicó que las empresas intentaron dejar sin efecto la medida cautelar, pero sus pretensiones fueron rechazadas mediante la Ordenanza Civil núm. 504-2026-SORD-1626, emitida en julio de 2026.
Estos datos corresponden a las decisiones judiciales citadas por el artista y su representación legal. Para establecer su alcance exacto resulta necesario examinar íntegramente las resoluciones y las obligaciones impuestas a cada parte.
“Siguen monetizando mi catálogo como si la decisión judicial no existiera”
Omega expresó su inconformidad con la supuesta continuidad de la comercialización de sus canciones.
“Intentaron levantar la medida ante los tribunales y el juez los rechazó. La orden está firme, por lo que no entendemos cómo siguen monetizando mi catálogo como si la decisión judicial no existiera”, manifestó el artista.
La declaración refleja la posición del intérprete frente a las compañías, a las que atribuye el incumplimiento de una decisión judicial.
Sin embargo, la existencia de una orden cautelar y la comprobación de un eventual incumplimiento constituyen cuestiones distintas. Corresponderá a las autoridades judiciales determinar si las actuaciones denunciadas contravienen efectivamente lo dispuesto por el tribunal.
La advertencia alcanza a YouTube y las plataformas de streaming
La controversia podría extenderse a los servicios digitales utilizados para distribuir y monetizar música.
El equipo legal de Omega, encabezado por el abogado Wagner Rodríguez Mancebo, exhortó a plataformas, agregadoras y distribuidoras digitales a examinar cuidadosamente las reclamaciones de derechos presentadas por las partes involucradas.
La advertencia incluye servicios como YouTube y otras plataformas de streaming, donde los catálogos musicales pueden continuar disponibles mediante acuerdos de distribución.
La defensa del merenguero busca evitar que terceros mantengan operaciones comerciales que, según su interpretación, estarían comprendidas dentro de la suspensión judicial.
No obstante, la responsabilidad de cada plataforma dependerá de las circunstancias particulares, de los derechos que administre y de las órdenes judiciales que le sean legalmente aplicables.
Preparan nuevas acciones para reclamar las multas
Omega informó que sus representantes están recopilando evidencias relacionadas con canciones que, presuntamente, continúan siendo explotadas comercialmente.
El objetivo es documentar las operaciones cuestionadas y presentar las acciones correspondientes ante los tribunales.
Entre las medidas anunciadas figura solicitar la liquidación de las penalidades económicas que pudieran haberse acumulado por el eventual incumplimiento de la orden judicial.
Aunque la medida citada contempla RD$1,000 diarios, cualquier monto exigible deberá ser determinado conforme al alcance de la decisión, el período de incumplimiento que se demuestre y lo que resuelva el tribunal competente.
El artista también contempla promover las acciones judiciales que su defensa considere procedentes para exigir el cumplimiento de las disposiciones existentes.
El desenlace del conflicto dependerá de las pruebas presentadas, del contenido de las resoluciones judiciales y de la determinación de las responsabilidades que corresponda realizar a los tribunales.
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