Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) se ha visto obligado a retroceder y admitir de forma implícita el desajuste legal provocado por sus recientes resoluciones. La institución informó que estudia a contrarreloj los mecanismos técnicos y financieros que permitirán resarcir a los conductores dominicanos que resultaron afectados económicamente por la reducción ilegal de la vigencia de sus licencias de conducir, luego de que el Gobierno tuviera que unificar por ley un periodo uniforme de cuatro (4) años de validez para todos los ciudadanos.
La medida busca devolver el equilibrio ante las fuertes quejas de los usuarios, quienes pagaron tarifas completas por renovaciones que luego fueron recortadas arbitrariamente. La dirección del INTRANT busca determinar si el resarcimiento se ejecutará mediante la devolución directa de los fondos, la emisión de créditos fiscales para futuros trámites vehiculares o la extensión automática del plástico sin costo adicional.
La derrota de la discriminación por edad ante el derecho ciudadano
Para la redacción de Noticias En Línea RD, este proceso de “estudio” no es un acto de buena voluntad del INTRANT, sino la consecuencia fáctica de una grave improvisación institucional que violaba la Constitución de la República. La práctica de recortar los años de vigencia de las licencias a los conductores de la tercera edad era un flagrante acto de discriminación que castigaba económicamente a los envejecientes, obligándolos a pagar más dinero en un menor periodo de tiempo bajo el pretexto de una supuesta vulnerabilidad física.
La rectificación del INTRANT aclara el panorama normativo: a partir de ahora, la aptitud para conducir se determinará estrictamente mediante la aprobación rigurosa de exámenes físicos, teóricos y prácticos, además de las evaluaciones médicas correspondientes, sin que la edad cronológica sea un factor de discriminación o alteración del costo del trámite. Este repliegue deja al descubierto las falencias de los asesores jurídicos del órgano de transporte, quienes arrastraron al Estado a un laberinto financiero donde ahora tendrán que devolver millones de pesos recaudados de forma indebida a los contribuyentes, demostrando que la seguridad vial no se logra con parches recaudatorios, sino con políticas públicas serias y apegadas a la ley.
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