El Ministerio Público atribuye a la red 4,363 autorizaciones fraudulentas, suplantaciones de identidad y servicios médicos inexistentes, incluidos procedimientos ginecológicos facturados a hombres. Foto de fuente externa
Santo Domingo.– Información confidencial de miles de afiliados habría sido utilizada por empleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), profesionales de la medicina y personas de su entorno para construir expedientes falsos, autorizar servicios inexistentes y sustraer más de RD$41.1 millones del sistema público.
La acusación presentada por el Ministerio Público ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional sostiene que la estructura tramitó al menos 4,363 autorizaciones médicas fraudulentas entre enero de 2021 y febrero de 2025.
El entramado habría llegado al extremo de facturar consultas y procedimientos ginecológicos a nombre de hombres, una irregularidad que expone la aparente debilidad de los controles internos utilizados para validar y pagar las reclamaciones.
El perjuicio económico preliminar atribuido a la operación asciende a RD$41,125,551.02.
Buscaban afiliados que utilizaban poco el seguro
Según el expediente, empleados con acceso privilegiado a las plataformas de SeNaSa habrían rastreado las bases de datos para identificar afiliados con poco historial de utilización del seguro.
La elección de personas que solicitaban escasos servicios médicos habría permitido crear reclamaciones falsas con menor riesgo de que las víctimas detectaran rápidamente el uso irregular de sus identidades.
Una vez seleccionados los afiliados, sus datos personales presuntamente eran utilizados para preparar formularios, expedientes, diagnósticos y solicitudes correspondientes a consultas y procedimientos que nunca recibieron.
La estructura también habría falsificado firmas para proporcionar apariencia de legalidad a los documentos. Peritajes realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) habrían confirmado la falsificación de algunas de las firmas incorporadas al expediente.
Identidades falsas para conseguir autorizaciones
El esquema no se habría limitado a la manipulación de documentos. Para completar la aprobación de los servicios, algunos integrantes presuntamente llamaban al centro de atención telefónica de SeNaSa y se identificaban con nombres falsos.
La acusación señala que los operadores llegaron a utilizar identidades como “Pedro Martínez” y “Ángel Beltré” para gestionar autorizaciones relacionadas con servicios médicos inexistentes.
Estas llamadas habrían permitido superar los procesos de confirmación y obtener las aprobaciones necesarias para presentar posteriormente las reclamaciones de pago.
Facturaron ginecología a hombres
Uno de los elementos más llamativos del expediente es la supuesta utilización de datos de afiliados masculinos para facturar consultas y procedimientos ginecológicos.
Para el Ministerio Público, esta contradicción evidencia que los servicios no fueron realizados y que las identidades de los asegurados habrían sido utilizadas únicamente para extraer recursos de SeNaSa.
Las reclamaciones eran presentadas con diagnósticos, firmas, formularios y códigos de prestadores que les otorgaban una apariencia legítima. Sin embargo, de acuerdo con la acusación, los afiliados nunca recibieron los procedimientos cobrados.
Médicos habrían facilitado códigos, firmas y sellos
La estructura necesitaba la participación de profesionales de la salud para completar el circuito y conseguir que las reclamaciones aparentaran corresponder a servicios verdaderos.
El Ministerio Público sostiene que algunos médicos permitieron utilizar sus códigos de Prestadores de Servicios de Salud (PSS), sellos y firmas para respaldar consultas, diagnósticos y procedimientos que nunca realizaron.
Los datos de los afiliados servían para fabricar los expedientes, mientras los registros de los profesionales proporcionaban el respaldo requerido para gestionar las autorizaciones y recibir los pagos.
De comprobarse la acusación, esta participación habría sido determinante para convertir una suplantación de identidad en una reclamación con capacidad para superar los controles de SeNaSa.
Entre el 40 % y el 60 % retornaba a la estructura
El supuesto fraude no terminaba cuando SeNaSa desembolsaba el dinero a los prestadores.
Según el expediente, algunos profesionales involucrados devolvían entre el 40 % y el 60 % de los recursos recibidos a integrantes de la estructura. El retorno se habría realizado mediante transferencias bancarias o entregas de dinero en efectivo.
En determinados casos, las operaciones eran presentadas como “pagos de san” o préstamos personales, presuntamente para esconder su verdadero origen y dificultar el seguimiento del dinero.
Para los investigadores, este mecanismo permitía distribuir los fondos sustraídos entre los involucrados y cerrar el ciclo financiero del fraude.
Empleados señalados como piezas internas
La acusación coloca a varios empleados de SeNaSa en posiciones importantes dentro del presunto entramado. Desde sus puestos habrían accedido a datos confidenciales, facilitado autorizaciones y contribuido a validar reclamaciones.
Entre los imputados figura Angeury Guzmán Vásquez, a quien el Ministerio Público atribuye llamadas al centro de atención telefónica utilizando identidades falsas para solicitar autorizaciones de servicios inexistentes.
También está imputada Heidy Coronado Paulino, quien se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas. La acusación le atribuye acceso a información confidencial de afiliados, así como la validación y aprobación de reclamaciones fraudulentas.
El expediente incluye igualmente a Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, quien trabajaba como supervisor de Servicios a Usuarios. Según el órgano acusador, habría facilitado las operaciones desde su posición y posteriormente participado en acciones dirigidas a obstaculizar la investigación.
Los movimientos de dinero vinculados por los investigadores con miembros de la estructura forman parte de los elementos utilizados para sustentar las imputaciones.
Un fraude que expone las fallas del sistema
Más allá de las 4,363 autorizaciones y de los RD$41.1 millones investigados, el expediente plantea preguntas sobre los mecanismos de supervisión existentes dentro de SeNaSa.
¿Cómo fue posible facturar durante años servicios inexistentes? ¿Por qué el sistema no detectó procedimientos ginecológicos atribuidos a hombres? ¿Quiénes supervisaban las autorizaciones aprobadas por empleados con acceso a información sensible?
También deberá establecerse si los imputados actuaron únicamente dentro de esta estructura o si existieron otros prestadores y empleados que utilizaron el mismo mecanismo para generar reclamaciones irregulares.
La investigación fue desarrollada por el Ministerio Público con el apoyo del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI). A los procesados se les atribuyen, según su presunta participación, delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, suplantación de identidad, acceso ilícito a bases de datos, cohecho y lavado de activos.
Las imputaciones deberán ser demostradas ante los tribunales y los acusados conservan su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
El expediente, sin embargo, describe un mecanismo que habría convertido los datos personales de afiliados en una fuente de enriquecimiento: empleados localizaban las identidades, se fabricaban los expedientes, médicos aportaban sus códigos y, después del desembolso, una parte del dinero regresaba a la estructura.
No se trataba solamente de facturar servicios inexistentes. Según el Ministerio Público, se habría construido una cadena interna para transformar la identidad y la cobertura médica de ciudadanos inocentes en millones de pesos sustraídos al seguro de salud del Estado.
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