A las 11:55 de la noche, un equipo de fiscales integrado por Ortiz, Yudelka Holguín, Héctor García, Rosa Alba García, Emmanuel Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto, depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional un robusto expediente de 525 páginas. En el documento se solicita formalmente prisión preventiva contra 25 imputados y que el caso sea declarado complejo. Foto de fuente externa
Santo Domingo.– El expediente de la nueva fase del caso SeNaSa, depositado al borde de la medianoche de este sábado, reveló el rostro más crudo de la supuesta mafia médica que desfalcó al Estado: el perjuicio directo a la salud de los ciudadanos dominicanos. La fiscal adjunta Mirna Ortiz destapó que los imputados utilizaban las identidades de los afiliados para registrar miles de procedimientos y consultas falsas, provocando que los pacientes perdieran sus coberturas médicas reales ante emergencias verdaderas.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) deploró que la estafa no solo desangraba los fondos públicos, sino que atentaba contra la vida del pueblo. Al cargar procedimientos inexistentes a nombre de un asegurado, la red reducía automáticamente el límite de dinero disponible para la cobertura de salud de esa persona. El descaro del entramado llegó al extremo de registrar e intentar cobrar consultas ginecológicas a nombre de afiliados masculinos, quienes posteriormente negaron ante los fiscales haber pisado dichos consultorios.
Solicitud de prisión preventiva y proceso complejo
Aunque inicialmente el Ministerio Público informó sobre 28 arrestos durante los 37 allanamientos simultáneos del viernes (desplegados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega con 45 fiscales y 200 policías), la solicitud formal de coerción se cerró con 25 personas, entre las que figuran médicos, personal interno de SeNaSa, prestadores de servicios de salud y empresarios del sector farmacéutico.
La tercera línea del desfalco de los RD$15,000 millones
Esta intervención representa la tercera operación derivada de las ramificaciones del denominado caso Cobra. Las líneas de investigación previas, examinadas por auditorías judiciales, estiman que las pérdidas globales para el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ascienden a unos 15,000 millones de pesos.
Entre las modalidades delictivas detectadas para alcanzar esa astronómica cifra figuran:
Doble facturación de servicios.
Cobros por consultas y procedimientos jamás realizados.
Uso de sellos médicos falsificados y adulteración de estados financieros.
Creación de programas especiales sin sustento jurídico.
Venta ilícita de medicamentos que habían sido donados.
Reembolsos financieros fraudulentos.
Dos días bajo interrogatorio
El depósito del voluminoso expediente se ejecutó tras dos intensas jornadas de interrogatorios en la Procuraduría General de la República. Solo durante el sábado, entre 13 y 15 de los investigados fueron sometidos a careos y preguntas en sesiones que superaron las ocho horas consecutivas.
Mientras tanto, los encartados permanecen recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Sus abogados defensores manifestaron que finalmente podrán examinar las imputaciones específicas, ya que durante el día desconocían los detalles debido a que el Ministerio Público no había formalizado la entrega del documento. Corresponde ahora al tribunal de Atención Permanente fijar el día y la hora para el inicio de la audiencia de medidas de coerción.
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