Dr. Steven Rabassa, gineco-obstetra. Fuente externa
Santo Domingo.– La liberación “pura y simple” del reconocido ginecólogo obstetra Steven Alexander Rabassa Fernández, pocas horas después de haber sido arrestado en San Pedro de Macorís, ha desatado severos cuestionamientos hacia los métodos de filiación e investigación penal implementados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en la denominada Operación SeNaSa 2.0 (Operación Cobra).
La rápida rectificación de los titulares del Ministerio Público, Wilson Camacho y Mirna Ortiz, se produjo luego de comprobarse que el especialista no guarda ninguna relación con el presunto entramado fraudulento, evidenciando lo que sectores médicos califican como una alarmante falta de depuración previa antes de ejecutar allanamientos y detenciones públicas.
El argumento técnico que desarmó la imputación
Tras abandonar las instalaciones de la Procuraduría General de la República, el doctor Rabassa Fernández —director médico de la Clínica de Fertilidad Procrear Santo Domingo y especialista con más de una década de experiencia— desmanteló cualquier vinculación con el fraude basándose en la naturaleza misma de su ejercicio profesional:
“Se me dijo que era parte de una investigación del caso SeNaSa, un caso con el que no estoy familiarizado ni tengo nada que ver… Yo hago reproducción humana asistida, y los médicos de esa especialidad no utilizamos seguros médicos para la prestación de los servicios que ofrecemos”, puntualizó el galeno.
Tanto el equipo legal del médico, encabezado por el jurista Domingo Peña Nina, como diversos gremios de la salud destacaron que Rabassa ejerce su práctica médica de forma estrictamente independiente y no está afiliado ni trabaja con SeNaSa desde hace varios años, ya que los costosos tratamientos de infertilidad y esterilidad están excluidos de las coberturas de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) en el país.
El debate sobre el daño moral a los profesionales
El incidente ha encendido el debate en la opinión pública dominicana respecto a la presunción de inocencia y el daño colateral a la honra de los ciudadanos. Diversos sectores de la medicina cuestionan que se ejecuten detenciones mediáticas y traslados forzosos sin verificar previamente las bases operativas de los facturadores de las ARS, exigiendo al Ministerio Público mayor rigor científico y menos espectacularidad para evitar que “justos paguen por pecadores” en las fases preliminares de los macrocasos de corrupción.
About the Author
