SANTO DOMINGO, RD. – Un turbio panorama de presuntas irregularidades y direccionamiento de fondos públicos envuelve al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), tras salir a la luz pública la adjudicación de RD$110 millones en contratos del almuerzo escolar a empresas recién creadas, dirigidas por jóvenes de entre 19 y 24 años residentes en Azua, que carecen de historial financiero y experiencia operacional en el rubro.
Lo que aparenta ser un entramado de corrupción estructurado para favorecer a terceros a través de “testafierros” se desprende de las licitaciones para el período 2026-2028 en la provincia de San Pedro de Macorís, un proceso presupuestado en más de RD$1,900 millones que ya ha sido impugnado ante el Comité de Compras de la entidad y elevado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Las empresas “fantasma” y los contratos al vapor, el patrón de adjudicación muestra graves incoherencias administrativas. Las compañías beneficiadas obtuvieron contratos millonarios a apenas meses de ser constituidas y a más de 150 kilómetros de distancia de las escuelas donde deben entregar las raciones alimenticias:
Beltre Beltre, SRL, constituida el 22 de mayo de 2025. Solo seis meses después, en noviembre de 2025, obtuvo un contrato de RD$48 millones. Sus socias son las hermanas Nayelli Carolina y Luisa Margarita Beltré, de 24 y 23 años, quienes figuran como estudiantes en el padrón electoral, residen en Azua y carecen de aval crediticio.
Franniel Ramírez Beltré, de 24 años y también radicado en Azua, fue favorecido con un contrato superior a los RD$24 millones, sin perfil financiero que respalde dicha capacidad instalada.
Caroline Michelle Díaz Beltré, de 19 años. Su empresa se registró en julio de 2025 y en tiempo récord recibió un contrato de RD$38 millones.
En total, estas tres estructuras concentran RD$110 millones del erario público.
Inhabilitaciones revocadas y desplazamiento de suplidores locales Las alertas sobre este posible esquema de corrupción aumentan al constatarse que, de acuerdo con las denuncias depositadas por 11 suplidores afectados, 15 de las 51 empresas adjudicadas en San Pedro de Macorís habían sido descalificadas en la evaluación técnica inicial por incumplir los pliegos de condiciones. Sin embargo, fueron habilitadas de forma extraordinaria para adjudicarles más de RD$445 millones.
Durante las inspecciones se habrían detectado locales vacíos, infraestructuras inexistentes o desmanteladas, supuesta falsificación de documentos y vínculos colusorios entre participantes. En contraste, comerciantes y suplidores locales con más de 10 años de experiencia e inversiones millonarias registradas en San Pedro de Macorís quedaron fuera del proceso, pese a haber obtenido calificaciones superiores a los 89 puntos.
Ante los cuestionamientos del programa de investigación N Investiga, las autoridades del INABIE rechazaron conceder una entrevista y remitieron un documento de ocho páginas que evade justificar el método de habilitación extraordinaria de las empresas objetadas. Aunque la institución anunció la suspensión posterior de 14 proveedores tras confirmar que sus instalaciones no existían, la permanencia de estos expedientes en los tribunales y la PEPCA mantiene bajo sospecha la transparencia de la gestión del almuerzo escolar.
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