Aunque el mandato redujo el ciberacoso y mejoró las notas, educadores hispanos de Harlem denuncian que la responsabilidad de “policía” recae sobre ellos. Alumnos esconden los aparatos y directores sabotean la regla. Crédito de la imagen: Chatgpt| Impremedia
NUEVA YORK (Noticias En Línea RD).– Construir un balance uniforme y lineal sobre el impacto real de las políticas públicas en el sistema educativo más grande de los Estados Unidos es una tarea titánica. Al cumplirse el primer año de la puesta en vigor de la ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles en las escuelas públicas de la Gran Manzana, la comunidad docente debate entre el aplauso estadístico y la frustración del día a día en las aulas.
Si bien existe un consenso absoluto de que la restricción era urgente ante la severa adicción de los jóvenes a las redes sociales, los juegos en línea y la gratificación inmediata del “like”, la implementación express ha desatado una sorda batalla de astucia entre alumnos y educadores.
Una investigación que incluye testimonios anónimos de profesores hispanos en escuelas secundarias de Harlem y el Alto Manhattan —zonas de altísima concentración de familias dominicanas— desbuda los aciertos y los baches de la normativa. En vigor desde septiembre de 2025, la Ley de Escuelas Libres de Celulares de Nueva York (implementada mediante la Regulación A-413 para 1,600 planteles) prohíbe los dispositivos personales de “campana a campana”, abarcando clases, almuerzos y recreos. Para asegurar los equipos, la alcaldía dispuso de un fondo de 25 millones de dólares destinados a la compra de casilleros y bolsas de seguridad especiales.
Del “cielo a la tierra” al juego del gato y el ratón
Los educadores consultados coinciden en que durante los primeros meses del año escolar, el cambio en el comportamiento de los adolescentes fue radical. “Retirar los teléfonos produjo un cambio del cielo a la tierra: aumentó la atención, mejoró la participación y los estudiantes volvieron a interactuar de frente con sus compañeros y maestros”, detalló un docente de secundaria.
Sin embargo, a medida que avanzó el ciclo lectivo, el entusiasmo institucional se enfrió y la aplicación comenzó a relajarse. Los estudiantes demostraron una enorme habilidad técnica para hacer trampa: burlaban los cierres magnéticos de las bolsas de seguridad o entregaban aparatos viejos e inservibles mientras conservaban sus teléfonos inteligentes ocultos entre sus ropas.
El nudo crítico de la crisis radica en que la responsabilidad absoluta de vigilar el cumplimiento de la ley ha terminado recayendo sobre los hombros de los maestros. Si un alumno viola la regla, el docente se enfrenta a dilemas logísticos: interrumpir la lección para confiscar el equipo o expulsar al estudiante de la clase, lo que genera reportes burocráticos y llamadas obligatorias a los padres. “Los maestros no queremos asumir la responsabilidad de retirar un teléfono costoso. Si el aparato se raya, se daña o desaparece del escritorio, ¿quién se lo paga al estudiante? No podemos ser policías todo el tiempo”, confesó con indignación uno de los docentes hispanos.
La complicidad de los directores y las encuestas de Hochul
La efectividad de la política de “cero pantallas” también ha estado condicionada por la división de criterios entre la planta docente y la alta gerencia escolar. Los testimonios revelan que la falta de coherencia de algunos directores sabotea el espíritu de la ley. “Todo depende del principal. Hay directores que son abiertamente pro-teléfono porque temen que las familias no puedan comunicarse ante una emergencia, ignorando que la ley obliga a las escuelas a proveer líneas telefónicas fijas alternativas para los padres”, denunció el educador.
Este choque en las trincheras escolares contrasta con el optimismo político de los boletines oficiales. La oficina de la gobernadora Kathy Hochul ha difundido encuestas donde el 80% de los maestros y administradores reportan resultados positivos en atención y conducta, un 75% afirma que mejoró su capacidad para impartir docencia y un 60% reporta una reducción neta en las estadísticas de acoso y ciberacoso escolar. Al presentar los datos en Brooklyn, Hochul celebró que los estudiantes “están actuando como niños otra vez”.
No obstante, la comunidad educativa advierte que las escuelas no pueden resolver solas un problema de salud mental y dependencia digital que nace en el seno del hogar, exigiendo que las familias dejen de utilizar los teléfonos como “niñeras digitales” y respalden las directrices escolares en las casas para evitar que la ley se convierta en letra muerta.
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