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Las interrupciones en el suministro eléctrico han vuelto a convertirse en el tormento diario de miles de ciudadanos y comerciantes en las principales demarcaciones del país. Las tandas de apagones en República Dominicana se han recrudecido de forma alarmante en las últimas semanas, provocando pérdidas económicas significativas en los pequeños negocios y un malestar generalizado que ya empieza a detonar movilizaciones y protestas callejeras en diversos sectores.
Reportes comunitarios procedentes de zonas como Gascue, Ciudad Nueva, Santo Domingo Oeste y populosos barrios del Gran Santo Domingo confirman cortes energéticos prolongados que se extienden desde las seis hasta las doce horas consecutivas. Los afectados califican la situación como “inaguantable”, ya que la falta de electricidad coincide con la intensa ola de calor estacional que eleva las temperaturas y satura las redes de distribución por el uso masivo de climatizadores.
De acuerdo con datos técnicos del sector, uno de los detonantes clave de esta crisis radica en el notable incremento de las pérdidas eléctricas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), las cuales acumularon un crecimiento de un 39.1 % entre mediados del año pasado y el cierre del primer semestre de este período fiscal. Este déficit financiero no solo limita la capacidad operativa de las distribuidoras, sino que se traduce directamente en un servicio inestable que obliga a las familias dominicanas a recurrir de emergencia a inversores, plantas eléctricas y UPS.
A la par de la escasez de luz, los usuarios denuncian una alarmante incongruencia en el cobro del servicio. Decenas de familias aseguran que, pese a pasar largas horas a oscuras, los montos de sus facturas se han duplicado o triplicado misteriosamente, lo que ha abarrotado las oficinas de reclamos institucionales sin que se perciba una solución definitiva a corto plazo. El descontento ha escalado al plano político, donde líderes de la oposición han emplazado públicamente a los funcionarios gubernamentales a deponer las quejas y concentrarse en resolver las deficiencias estructurales de las redes de transmisión.
Mientras las autoridades atribuyen parte de las averías a mantenimientos programados y fallas recurrentes en las líneas de transmisión de alta tensión, el ciudadano de a pie exige respuestas concretas. El reclamo social es unánime: la población no solo demanda el cese inmediato de los apagones, sino también transparencia en la facturación y una reestructuración profunda que evite que el país continúe quedándose a oscuras.
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