El mandatario promulga el Decreto 6015-26 y advierte consecuencias drásticas utilizando el nuevo Código Penal. Confiesa que las mafias salían libres a los tres días y que muchos parques ni siquiera tenían títulos de propiedad.
Santo Domingo.- (Noticias En Línea RD).– El Gobierno dominicano ha decidido trazar una línea roja inquebrantable en la protección de su patrimonio natural, elevando los delitos ecológicos a la categoría de amenazas a la seguridad nacional. El presidente de la República, Luis Abinader, emitió de forma oficial el trascendental Decreto número 6015-26, mediante el cual se declara de altísimo interés nacional la lucha frontal contra el denominado “terrorismo medioambiental” , blindando jurídicamente los parques protegidos y estableciendo un régimen de consecuencias drásticas para los infractores locales y extranjeros.
El jefe de Estado fue categórico al desmontar la histórica pasividad institucional con la que administraciones pasadas manejaron el ecosistema dominicano. Abinader reveló con indignación que la falta de rigurosidad legal permitía un ciclo de impunidad alarmante: “Hemos determinado que muchos de nuestros parques nacionales no tenían ni títulos de propiedad a nombre del Estado. Cualquiera entraba, provocaba un incendio ilegal y a los tres días era liberado porque no contábamos con un marco legal rígido”, confesó con crudeza el gobernante.
La nueva arma jurídica: El peso del nuevo Código Penal
La gran novedad de este decreto radica en su vinculación directa con las herramientas punitivas de la recién aprobada reforma penal. El mandatario advirtió que el Estado no tolerará más agresiones y que todo aquel dominicano o extranjero que afecte una reserva forestal será procesado judicialmente bajo la tipificación penal de terrorista ambiental, un cargo criminal de extrema gravedad que conlleva penas severas de prisión y un nulo acceso a facilidades procesales de fianza.
“Hemos visto que muchos de los fuegos feroces que ocurren en los parques protegidos son provocados por actividades agrícolas y comerciales ilegales de extranjeros y dominicanos. Esa actividad criminal afecta de forma directa el agua, los ríos y la vida misma de las familias dominicanas, y bajo ninguna circunstancia lo vamos a seguir permitiendo”, sentenció con firmeza el presidente Abinader.
“Menos impunidad y más tecnología”
Durante la conferencia de prensa celebrada en el Palacio Nacional, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, respaldó de manera enérgica la disposición del Poder Ejecutivo, catalogándola como una decisión política e institucional inequívoca. Henríquez precisó que el desmantelamiento de los carteles de la madera, el conuquismo industrial y los incendios forestales intencionales requerirá un viraje integral.
“El presidente ha tomado una decisión valiente. No vamos a permitir que se continúe destruyendo el futuro de las próximas generaciones. Sabemos perfectamente que para ganar esta batalla necesitamos inyectar más tecnología de vigilancia aérea y erradicar por completo la impunidad de los infractores”, puntualizó el ministro. Con esta nueva pieza, el Gobierno busca asfixiar logísticamente a quienes lucran con la destrucción de las cuencas hidrográficas, abriendo una nueva era de fiscalización ambiental en el país.
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