SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El descontento de los ciudadanos ante el costo del servicio eléctrico ha alcanzado niveles críticos en el país. Los usuarios continúan denunciando incrementos desproporcionados en sus facturas de luz, siendo la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) la entidad que encabeza la lista de reclamaciones, con especial impacto en las zonas densamente pobladas del Gran Santo Domingo y la Zona Oriental.
De acuerdo con los datos oficiales de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom), la alta facturación representa el 96% de todos los reclamos procesados por la institución. El informe detalla que, mientras Edeeste concentra el mayor descontento popular, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) ocupa el segundo lugar (afectando principalmente al Gran Santo Domingo y San Cristóbal). Por su parte, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) se mantiene en el tercer puesto, consolidándose estadísticamente como la más eficiente, a pesar de experimentar focos de protestas en Higüey.
Durante el primer semestre de este año 2026, la avalancha de quejas escaló de manera vertiginosa. Protecom recibió 29,833 reclamos formales y emitió un total de 52,255 decisiones, de las cuales 17,466 resultaron favorables para los consumidores. Las distribuidoras (Edes) se defienden argumentando que los incrementos reflejados obedecen estrictamente a un aumento del consumo residencial detonado por las intensas olas de calor, asegurando que la tarifa básica no ha sufrido variaciones.
No obstante, fuentes de enteros créditos revelaron a la redacción de NoticiasEnlineaRD que la validez de las quejas queda en evidencia con el ritmo de dictámenes emitidos por Protecom. En un solo trimestre se están registrando cantidades de decisiones a favor de los usuarios que anteriormente tomaban un año completo en resolverse. Además del monto facturado, los dominicanos denuncian la quema de electrodomésticos por fluctuaciones de alto voltaje y fallas drásticas en la instalación de los nuevos medidores. El clamor generalizado exige una fiscalización más rigurosa para frenar lo que la población califica como un abuso sistemático en el cobro de la energía.
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