Redacción Noticiasenlineard
La Junta Central Electoral (JCE) comunicó, a través de un acto de alguacil, al Centro Económico del Cibao por la difusión de un sondeo, incumpliendo los plazos fijados por la normativa que prohíbe las encuestas antes de que comience la precampaña electoral, que está programada para comenzar el domingo cuatro de julio de 2027.
Según el organismo electoral, la empresa encuestadora realizó la difusión de un estudio titulado “Encuesta de Opinión Pública Nacional” el pasado jueves seis de agosto, infringiendo la normativa al participar en “la difusión o publicación de encuestas de opinión con fines electorales fuera de los períodos legalmente autorizados para la precampaña y campaña electoral”, violando el artículo 13 de la misma.
El organismo electoral señaló que la denuncia “tiene un carácter meramente provisional” y no implica una anticipación de responsabilidad administrativa ni la imposición de alguna sanción.
Por lo tanto, la empresa encuestadora Centro Económico del Cibao, S.R.L. contará con un periodo de 10 días calendario, comenzando desde la notificación formal realizada el martes 11 de abril, para presentar ante la secretaría general de la JCE un documento donde exponga sus defensas, excepciones, argumentos legales, documentos y cualquier otro medio que considere relevante.
Para ello, la firma podrá acceder a todo el expediente administrativo elaborado por la JCE y las pruebas que respaldan la acusación provisional.
Al finalizar el tiempo acordado para la entrega de la defensa y una vez que se terminen las averiguaciones necesarias, la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales preparará el informe correspondiente y enviará todo el expediente al pleno de la JCE, que tomará la decisión final que corresponda.
Según la normativa, las sanciones que podrían aplicarse van desde la suspensión temporal del registro por un plazo de seis meses a un año; hasta la cancelación definitiva en caso de reincidencia.
Debates
La normativa, que está vigente desde el 22 de mayo pasado, ha generado controversia desde su promulgación; fue impugnada en el Tribunal Superior Electoral (TSE), donde se presentaron dos recursos de reconsideración contra la normativa, fundamentados en supuestas violaciones constitucionales, uno de ellos presentado por la empresa ACD Media y otro por la organización Participación Ciudadana.
A mediados de julio, la JCE detuvo la aplicación de la normativa hasta que la Alta Corte se pronuncie al respecto. El 23 de julio, el TSE declaró que no tenía competencia para conocer de la acción presentada, señalando que esos recursos debían ser enviados al Tribunal Constitucional.
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