Redacción Noticiasenlineard
El Ministerio Público pidió al juez encargado de supervisar las investigaciones una extensión de cuatro meses para presentar la acusación oficial contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve acusados, en el contexto de una investigación sobre una supuesta estafa millonaria al Estado dominicano.
La petición fue entregada a la jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los responsables de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho y Mirna Ortiz.
El caso será enviado al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción, quien deberá informar a la defensa de los acusados y a los abogados que representan al Estado dominicano, además de programar una audiencia para tratar la solicitud.
Además de Santiago Hazim, están acusados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma.
Los primeros cinco están en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma se encuentra bajo arresto domiciliario.
También están acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes están bajo arresto domiciliario y ya habían confesado ante el tribunal haber sobornado a Hazim y a otros funcionarios de Senasa, lo que les permitió obtener arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.
Se les imputa al grupo haber defraudado al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cantidad que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones. De acuerdo con el Ministerio Público, la red operó entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de salud.
A los acusados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos y falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público reiteró que el caso sigue abierto y que, además de los acusados actuales, otras personas físicas y jurídicas están bajo investigación.
About the Author
