Redacción Noticiasenlineard
El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional llevará a cabo el miércoles la revisión obligatoria de la medida cautelar impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, así como a otros seis acusados relacionados con un supuesto caso de corrupción dentro de la institución.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero, encargado de supervisar las investigaciones, ha programado la audiencia para las 9:00 de la mañana. Esta cita había sido pospuesta la semana pasada para permitir que el abogado de Hazim, el doctor Miguel Valerio, pueda conseguir un nuevo presupuesto que respalde una posible solicitud de cambio en la medida cautelar.
En la audiencia, el juez decidirá la situación legal de Santiago Hazim, exdirector de Senasa, junto con Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
La revisión se realiza debido a una decisión previa del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que estableció prisión preventiva para los acusados mencionados, indicando que esta medida debía cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, situado en San Antonio de Guerra, en el municipio de Santo Domingo Este.
Por otro lado, los acusados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella continúan bajo arresto domiciliario.
La estructura del supuesto esquema
Según las indagaciones realizadas por el Ministerio Público, la organización delictiva habría sido encabezada por Santiago Marcelo Hazim Albainy.
El Ministerio Público sostiene que el plan funcionaba a través de un “comité operativo” paralelo que tomaba decisiones estratégicas al margen de los procedimientos oficiales de Senasa, lo que permitía acelerar o frenar trámites a cambio de beneficios monetarios, violando los requisitos legales del sistema de salud pública.
La entidad acusadora argumenta que el fraude se llevó a cabo mediante la manipulación de documentos, la creación de reclamaciones falsas y la aprobación de pagos mediante facturas simuladas. De igual manera, se habría negociado la aprobación de prestadores de salud a cambio de pagos ilegales, utilizando empresas fachada y la triangulación bancaria para ocultar el origen de los fondos que supuestamente fueron desviados de las Reservas Técnicas del asegurador estatal.
El grupo se enfrenta a un proceso judicial por su presunta implicación en un esquema de corrupción administrativa que, de acuerdo con las autoridades, habría perjudicado al Estado dominicano con una suma que supera los 15,900 millones de pesos.
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