Santo Domingo, RD.-El ruido ya es ensordecedor y no entiende de clases sociales ni de barreras geopolíticas. Lo que comenzó como un foco de resistencia civil frente a las imposiciones del oficialismo se ha transformado, por cuarto día consecutivo, en un auténtico estallido social que mantiene bajo asedio acústico al Gran Santo Domingo. Los cacerolazos nocturnos han dejado de ser una manifestación aislada para convertirse en el cordón umbilical que une la indignación de los callejones de la periferia con el descontento de las torres residenciales más exclusivas del Distrito Nacional. Desde los sectores populares hasta ensanches de clase alta como Naco, Bella Vista, El Millón, Los Cacicazgos y Los Prados, el país ha encontrado en un trozo de metal su mejor herramienta de fiscalización y protesta.
El catálogo de demandas comunitarias expuesto por las organizaciones sociales y barriales fulmina por completo la narrativa de la “bonanza económica” que se promueve desde las oficinas del Palacio Nacional. La ciudadanía no está en las calles por capricho; protesta de manera frontal por el hachazo de la reforma fiscal aprobada bajo el esquema de la Ley de Medidas pro-Crecimiento Económico, la galopante inflación que pulveriza el costo de la canasta familiar, la alarmante falta de empleos y el colapso sistemático de los servicios básicos. La deficiencia criminal en el suministro de energía eléctrica, la inseguridad ciudadana y el deterioro de los hospitales públicos han configurado una tormenta perfecta que ha terminado por despertar a un pueblo tradicionalmente paciente.
Una red comunitaria que acorrala los abusos del poder
La fuerza de este movimiento radica en su alarmante nivel de articulación y en la adhesión de sectores independientes que reniegan del silencio. Testimonios y denuncias canalizadas por coaliciones de peso desnudas atropellos de carácter local pero con impacto nacional. El Consejo de Desarrollo Comunitario de La Caleta, una estructura que agrupa a 42 organizaciones sociales, ha levantado su voz en medio de los cacerolazos para exigir de manera directa al presidente Luis Abinader el cese inmediato de los desalojos forzosos y abusivos en la zona, señalando que los mismos se ejecutan con la complicidad de las autoridades y sin la debida documentación legal que los sustente.
Paralelamente, la Junta de Desarrollo La Cuaba ha reiterado su rechazo absoluto al ecocidio que representaría la imposición de un vertedero en su demarcación, una obra que amenaza con contaminar de forma irreversible las principales fuentes de agua que abastecen a millones de habitantes de la zona metropolitana. Líderes comunitarios de la talla de Santo De La Cruz y Andrés Rodríguez sostienen con firmeza que los calderos han servido para amalgamar la voluntad popular y fortalecer la participación ciudadana en defensa de sus derechos fundamentales frente a las agresiones y la sordera del Poder Ejecutivo.
El frente barrial y la condena a la violencia policial
La resistencia no da tregua en los frentes de combate urbano. Entidades históricas de la sociedad civil como la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos (Ircarp), el Centro de Educación para la Paz (Cepatode), la Red de Organizaciones Comunitarias 27 de Febrero (ReoCofe) y el Club María Auxiliadora han cerrado filas para exigir oportunidades reales de empleo para la juventud y reformas estructurales en salud y educación. Asimismo, en focos densamente poblados como la urbanización Bienaventuranza, Sabana Perdida y la urbanización Juan Pablo Duarte en Santo Domingo Norte, el rugido metálico de la protesta se ha sumado a las movilizaciones masivas que ya impactan arterias viales vitales como el Paseo Churchill.
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El rechazo al esquema actual de gobernanza ha sido respaldado de igual forma por la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias de Los Alcarrizos (Cocdela), cuyos portavoces no solo señalaron la delincuencia y la corrupción administrativa como lastres sin resolver, sino que condenaron de manera enérgica los recientes abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de la Policía Nacional, como el brutal asesinato del joven de 18 años en Herrera. Las cartas están sobre la mesa y los calderos en alto. Las organizaciones ya lanzaron su advertencia final: el ruido no va a parar hasta que el Gobierno deje las puestas en escena de los lunes y devuelva las respuestas concretas que el pueblo exige con el estómago vacío.
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