La salud pública del estado de Nueva York se encuentra secuestrada en los despachos del poder, mientras la industria alimentaria sigue llenando los supermercados y restaurantes de la Gran Manzana con químicos peligrosos, metales pesados y sodio oculto. La Legislatura estatal ya cumplió su rol de manera contundente: aprobó un paquete histórico de cinco leyes de reforma alimentaria, logrando un consenso tan aplastante que incluyó una votación unánime en el Senado y un rotundo 106 a 32 en la Asamblea. Sin embargo, la pelota está ahora en la cancha de la gobernadora Kathy Hochul, quien mantiene las piezas engavetadas desde hace semanas, cediendo de forma cobarde ante el feroz cabildeo de las corporaciones multimillonarias.
Esta reforma no es un capricho burocrático; es una batalla de vida o muerte para los consumidores, especialmente para las comunidades latinas y de bajos ingresos, que son el blanco predilecto de la mercadotecnia agresiva de la comida rápida y los ultraprocesados. El paquete normativo busca erradicar del mercado sustancias de uso extendido pero vinculadas científicamente al cáncer y a trastornos hormonales, como el colorante Rojo No. 3 (presente en dulces y batidos), el conservante propilparabeno y el bromato de potasio, este último un aditivo que le da elasticidad a la masa de los icónicos bagels y pizzas neoyorquinas, pero que la Unión Europea prohibió desde 1990 por sus riesgos cancerígenos.
La oposición de gigantes como General Mills, Nestlé y la American Beverage Association es una muestra de la habitual voracidad empresarial. Sus argumentos de que estas regulaciones dispararán los precios o crearán un “mosaico regulatorio” inviable a nivel nacional son, como bien denunció la asambleísta Anna Kelles, puras mentiras de la industria para proteger sus márgenes de ganancia a costa de la salud del pueblo. En Europa, la eliminación del bromato de potasio no encareció el pan ni provocó desabastecimiento; la industria simplemente reformuló sus productos con ingredientes seguros. Nueva York no puede seguir rigiéndose por los laxos estándares federales de la FDA, que mediante la “laguna GRAS” permite que más de 10,000 químicos circulen en la comida sin una revisión científica independiente.
Metales pesados en las fórmulas de bebés y la urgencia del sodio
El descaro de la industria alcanza niveles criminales cuando se analiza la oposición a la Ley de Seguridad y Transparencia de Alimentos para Bebés y Fórmula Infantil, impulsada por la senadora Michelle Hinchey. Esta pieza obligaría a las empresas a analizar y hacer públicos los niveles de metales pesados tóxicos como el arsénico, cadmio, plomo y mercurio en la comida de los recién nacidos; sustancias que provocan daños cerebrales irreversibles en la niñez. Paralelamente, la Ley de Advertencia sobre Sodio, defendida por el senador de El Bronx, Gustavo Rivera, busca que los restaurantes estampen alertas claras en los platos que superen la dosis diaria recomendada, combatiendo de frente las altas tasas de diabetes, hipertensión y accidentes cerebrovasculares que azotan a nuestros barrios.
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Noticias En Línea RD se une al clamor de las organizaciones de salud como el Centro para la Ciencia en el Interes Público (CSPI). La comida en Nueva York no puede seguir siendo un campo de juego para los experimentos químicos de corporaciones que priorizan el dinero sobre la vida humana. La gobernadora Kathy Hochul tiene ante sí la oportunidad de firmar la reforma alimentaria más ambiciosa de la historia del estado o, por el contrario, dejar plasmado en su gestión que el peso de los cheques de los lobistas de la industria pesa más que el bienestar y el futuro de los niños neoyorquinos. El tiempo de las evaluaciones virtuales terminó; es hora de firmar.
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