La indignación nacional ha desbordado los límites de la tolerancia. Mientras el Palacio Nacional intenta maquillar con discursos la profunda crisis de seguridad que carcome a la República Dominicana, la realidad en las calles demuestra que el uniforme de la Policía Nacional se ha convertido, de manera generalizada en todo el territorio, en un símbolo de terror, extorsión y delincuencia organizada.
Ya no se trata de casos aislados o de las famosas “manzanas podridas”. El modus operandi de la uniformada es sistémico e institucional. La sociedad asiste con asco a un catálogo de horror que va desde la participación directa de agentes en redes de sicariato, el cobro de peajes en puntos de drogas y la extorsión al ciudadano de a pie, hasta el colmo de la desfachatez: la reciente suspensión de dos generales de la República implicados en un “tumbe” de 271 kilos de cocaína. La delincuencia no está solo en los callejones; viste de gris, lleva insignias oficiales y opera desde los despachos superiores.
Ante este panorama, la narrativa oficial de los lunes se desmorona por su propio peso. Las 148 visitas del presidente Luis Abinader a la sede central de la institución para encabezar las reuniones de seguimiento han servido exactamente para nada. Han sido un ejercicio de relaciones públicas, una puesta en escena estéril. Mientras el mandatario se tomaba la foto y revisaba gráficos estadísticos cada inicio de semana, la policía seguía matando a sangre fría.
El detonante de la última ola de furia popular ocurrió hace apenas unos días en el sector Herrera, en Santo Domingo Oeste. Un agente policial arrebató la vida del joven Darlin Mercado Reyes, de tan solo 18 años, con un disparo a quemarropa. Un asesinato brutal que desmitifica los mal llamados “intercambios de disparos” y que ha levantado a un pueblo en marchas, denuncias en redes sociales y tres días continuos de cacerolazos. La ciudadanía no aguanta más promesas de cambio mientras entierra a sus hijos.
Curiosamente, seis días después de este crimen y tras pasar siete meses engavetada, la Cámara Alta despertó de su letargo. El Senado de la República aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de la Policía Nacional y sus modificaciones, en una maratónica sesión de ocho horas donde pasaron seis leyendo la pieza legislativa que el Poder Ejecutivo depositó el 8 de diciembre de 2025. Una aprobación que llega tarde, forzada por la presión social y el eco de los calderos vacíos que retumban en el Gran Santo Domingo.
La nueva pieza legislativa pretende regular el uso de la fuerza en su artículo 149, delimitando de manera “justificada y legítima” cuándo los agentes pueden actuar para prevenir delitos, disolver manifestaciones no pacíficas o proteger la integridad pública. Asimismo, el artículo 155 establece que los registros rutinarios de personas y vehículos en la vía pública deberán realizarse obligatoriamente con la cámara corporal del agente encendida, otorgando al ciudadano el derecho irrenunciable de grabar el procedimiento en todo momento. Borrar el video o manipular el teléfono del ciudadano será tipificado como una falta grave.
Sobre el papel, la ley suena garantista y moderna. En la práctica dominicana, corre el riesgo de ser una letra muerta más. ¿Quién va a supervisar que los mandos y superiores jerárquicos cumplan con los protocolos si los propios generales están metidos en tumbes de drogas? La reforma no se logra modificando artículos en un despacho alfombrado del Congreso Nacional mientras en los destacamentos impera la ley de la macana y la impunidad.
Noticias En Línea RD se mantiene firme al lado de una sociedad cansada de promesas. La aprobación de esta ley no es un motivo de celebración; es la admisión tardía de un fracaso gubernamental que ha costado vidas. El presidente no necesita completar la visita número 150 a la sede policial para entenderlo: la reforma policial no se hace con reuniones los lunes, se hace depurando con mano de hierro una institución que hoy representa la mayor amenaza para la seguridad de la República Dominicana.
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