Por Crusito Beltrán, abogado
Cuando iniciamos la carrera en la universidad, principalmente quienes elegimos la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, lo primero que nos enseñan es el concepto de democracia. Nos la definen como un sistema de gobierno y una forma de organización social donde el poder reside en el pueblo; un modelo en el que los ciudadanos participan en la toma de decisiones políticas, ya sea de forma directa o eligiendo a sus representantes mediante el voto libre y periódico.
Este concepto de democracia tiene mucho de poesía y calidez; sin embargo, en varios países —principalmente en Latinoamérica— se practica y sus habitantes no son felices. Vale decir que el principal don que se le atribuye a la democracia es, precisamente, que quienes se cobijan en ella alcancen la felicidad.
Si ponemos el asunto en el contexto dominicano, podemos observar que la gran mayoría entiende que la democracia se limita a acudir a las urnas cada cuatro años a ejercer el sufragio (un proceso en el que, dicho sea de paso y en plena democracia, alguien históricamente se ha robado voluntades o ha contado los votos de tres en uno a su favor).
Consideramos que la democracia debe ser un sistema donde el individuo de bien se sienta seguro, confiado y respetado, no solo por el Estado, sino también por los congéneres con los cuales comparte el territorio donde habita.
Actualmente, la República Dominicana exhibe, en lo político, un ambiente democrático envidiado por sus vecinos latinoamericanos; sin embargo, el ciudadano común no disfruta a plenitud esos aires de libertad.
Cuando los maestros, amparados en esa misma democracia, les cierran las aulas a los estudiantes para irse a una huelga, ese acto pretendidamente democrático se convierte en una dictadura, debido a que se impone a la fuerza una acción que perjudica gravemente la docencia.
El conductor al cual un motorista sin régimen ni ley le arranca el espejo de su auto, olvida —aunque sea por un momento— que vive en democracia. La obrera que es asaltada en la madrugada camino a la zona franca donde labora, tampoco puede decir que vive felizmente amparada por nuestro sistema. Es ahí, precisamente, donde radica la falencia de la democracia.
¿Y qué es lo que le falta entonces a nuestra democracia? Aderezarla con un poco de dictadura, bajo el entendido de que la única dictadura llamada a convivir con la democracia es la dictadura de la ley.
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Si el término dictadura le resulta rudo, entonces podemos buscar un sinónimo más estético y decir que el Estado debe hacer un uso oportuno del monopolio legítimo de la fuerza que se le ha conferido. Las leyes en su aplicación no pueden ser “democráticas”, porque cuando la ley se flexibiliza por el clamor popular, el próximo paso es el caos. Ya lo dijo Sócrates: “Si la ley no manda, muere el Estado”.
