San Juan de la Maguana.– En medio del creciente conflicto por el proyecto minero Romero, una de las posturas más firmes y constantes ha sido la de la Iglesia Católica, cuyos representantes han elevado su voz no solo como actores religiosos, sino como referentes sociales en defensa del medio ambiente y las comunidades.
Ya en diciembre de 2022, sacerdotes de las provincias de Azua y San Juan dirigieron un llamado directo al presidente Luis Abinader para que se abstuviera de otorgar permisos de explotación minera en la zona. No se trató de una posición aislada, sino de la reiteración de una postura asumida desde años anteriores, específicamente desde 2018, cuando el clero había advertido sobre los riesgos de intervenir la Cordillera Central.
En su manifiesto, los religiosos expresaron preocupación por lo que consideran una amenaza latente de destrucción ambiental y contaminación de las fuentes hídricas. Sustentaron su posición en estudios y valoraciones técnicas de entidades como la Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Durante encuentros sostenidos con representantes de la empresa GoldQuest, en los que también participó el obispo José Dolores Grullón Estrella, los sacerdotes aseguraron haber confirmado sus preocupaciones sobre el impacto que tendría la explotación minera en el río San Juan y sus afluentes.
Según el clero, la eventual intervención minera comprometería seriamente uno de los sistemas hídricos más importantes del país, afectando no solo a las comunidades locales, sino a toda la región sur que depende de estas aguas para la producción agrícola, el consumo humano y la sostenibilidad de sus ecosistemas.
La Iglesia ha planteado el tema en términos que trascienden lo técnico. Para sus representantes, la defensa del agua es también una cuestión moral y de justicia social, en la que se confrontan modelos de desarrollo: uno basado en la explotación de recursos a corto plazo, y otro enfocado en la preservación de la vida y el equilibrio ambiental.
Este posicionamiento ha tenido un peso significativo en la opinión pública, especialmente en comunidades donde la Iglesia mantiene una fuerte presencia y liderazgo. Su intervención ha contribuido a fortalecer la resistencia social contra el proyecto y a dotar el debate de una dimensión ética que va más allá de los intereses económicos.
En un contexto donde las decisiones sobre recursos naturales suelen estar marcadas por tensiones políticas y económicas, la voz de la Iglesia introduce un elemento adicional de presión: el cuestionamiento moral sobre el tipo de desarrollo que se impulsa y sus consecuencias para las generaciones futuras.
Así, el conflicto por el proyecto Romero no solo se libra en el terreno técnico o legal, sino también en el plano de los valores, donde la defensa del agua se convierte en un símbolo de vida frente a la amenaza de su posible degradación.
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