
Ilustración: El Nuevo Diario
La Fiscalía del Distrito Nacional ha solicitado formalmente al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) un peritaje a los videos que contienen las presuntas declaraciones difamatorias emitidas en contra de los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez.
La solicitud, hecha a través del Departamento de Delitos y Crímenes de Alta Tecnología del edificio judicial, se realiza como parte de una investigación en curso, tras la presentación de querellas penales por difamación e injuria en medios digitales y redes sociales, interpuestas por los comunicadores.
Las querellas se dirigen contra Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, quienes ejercen funciones de comunicación en redes y medios digitales.
Los demandados habrían utilizado diversas plataformas en línea y programas transmitidos por medios digitales para lanzar acusaciones graves, insultos personales y señalamientos sin pruebas, vinculando a los periodistas con agendas políticas ocultas, supuestos pagos ilegales y ataques contra los pasados Gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Las publicaciones en cuestión incluyen expresiones como: “Estos periodistas están al servicio de intereses extranjeros, se venden por dinero internacional para desestabilizar el país y no hacen periodismo, hacen activismo financiado”.
Los periodistas querellantes, todos con largas trayectorias en medios nacionales, sostienen que las declaraciones les han causado daños morales, reputacionales y profesionales, y exigen que se establezcan responsabilidades penales conforme a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La Fiscalía trabaja junto al DICAT en la recopilación y autenticación de los videos y publicaciones digitales, que serán utilizadas como evidencia en el proceso penal. Se espera que en los próximos días se realicen citación de los implicados y otras diligencias procesales.
Por Ronnil Pérez Ramírez El nuevo diario