Hace varios años que la nueva Ley de Salud Mental revisada, duerme y muere en el Congreso Nacional. Los diputados y senadores la conocen, saben de su existencia y de la necesidad para las familias y los enfermos mentales de que, de forma urgente la aprueben y entre en vigencia para lograr algunas conquistas pendientes.
Esa Ley no tiene tanto conflicto de intereses, no lesiona capitales, ni instituciones, ni atenta contra religiones, ni géneros, ni partidos políticos. En el sano juicio, no se llega atender porque el presidente de la cámara de diputados y el senado, no ayudan y son dolientes de las personas con algún tipo de trastorno mental, para diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos.
Todos sabemos, políticos, religiosos, empresarios y ciudadanos de a pie que, el 20% o más de la población dominicana padece de algún tipo de trastorno mental. La República Dominicana se encuentra dentro de los 10 países de la región de las Américas con mayor carga en trastorno mentales.
Una de cada cinco personas en algún momento de su vida necesitará asistencia en salud mental. Pero También, se ha disparado el consumo y la dependencia a las drogas, han aumentado las consultas por trastorno de ansiedad, depresiones, trastorno bipolar, esquizofrenia, problemas del sueño, trastorno de personalidad, trastornos neuropsiquiátricos, psicosomáticos y suicidio.
Los diputados viven en comunidades que no tienen servicios en salud mental, tienen familiares que gastan alta suma de dinero en tratamientos psiquiátricos, También saben los diputados, y senadores, de los temas de violencia intrafamiliar, parejas y maltratos a niños y niñas. Es decir, las problemáticas en salud mental siguen aumentando y ponen en evidencia la falta de recursos, de unidades y de acceso a servicios en salud mental.
Todo esto, amigos diputados, habla de la falta de priorizar y gerenciar la salud mental del pueblo dominicano. Lo que favorece el aumento de enfermos deambulando en las calles, aumentando la estigmatización, la falta de intervención, atención y rehabilitación, para evitar la cronificación de las personas que padecen trastornos mentales.
Los pobres, los vulnerables, los que padecen de la condición neuro-psiquiátrica, espera por la solidaridad, el altruismo y gratitud de los diputados y senadores.
En esa nueva Ley de salud, se plantea el aumento de la inversión del presupuesto de salud a la salud mental; disponibilidad de centro de atención en salud mental dentro de la atención primaria en salud, de la rehabilitación de los pacientes crónicos, del tratamiento a los enfermos de adicción, de niños y adolescentes que demandan la atención por el trastorno de hiperactividad con déficit de atención.
Por otro lado, se valora la disponibilidad del acceso a medicamentos, seguros médicos, cobertura a nivel nacional de la atención en salud mental.
En la Constitución de la República, en la Ley General de salud, en los acuerdos internacionales con OMS y OPS, se plantea la salud mental como un derecho humano que, debe garantizar la dignidad y la protección de las personas.
Las políticas públicas en salud mental recomiendan reconocer los derechos de las personas con trastornos mentales, el derecho al trabajo, la educación a la calidad y calidez de vida, independientemente de su condición económica, social, religiosa o política.
Señores congresistas, los enfermos mentales y sus familiares esperan por ustedes.
Créditos de articulo: Hoy Digital
