Cartel violence has reshaped daily life across Michoacan, where shifting criminal alliances and growing extortion have left communities either arming themselves or living under terror. (AP Video/Fernanda Pesce)
Por María Berza and Fernanda Pesceu
Read in English
APATZINGÁN, México (AP) — En la penumbra de una noche calurosa, en un pequeño rancherío de casas levantadas entre interminables plantaciones de limón, un agricultor del occidente de México se acercó al sacerdote Gilberto Vergara para suplicarle ayuda.
Sumido en la desesperación, le contó que había decidido dejar secar un tercio de su huerta porque las extorsiones de los cárteles son tan fuertes que no se compensaban con la producción; que las autoridades no actuaban; que los productores de limón se reunían a escondidas y que tenían miedo a que los mataran si levantaban la voz o a morir de hambre si se quedaban callados.
El reciente asesinato de dos prominentes figuras que denunciaron al crimen organizado y las autoridades corruptas —un popular alcalde y un líder limonero— evidenció lo que los pobladores ya sabían: que los cárteles controlan gran parte del estado de Michoacán y su economía.
Ahora que el presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado ataques contra supuestos narcoterroristas en el Caribe y el Pacífico y ha ofrecido a México ayuda militar contra los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrenta a una presión cada vez mayor para poner freno a la violencia.
El sacerdote Vergara no espera mucho del gobierno, pero le ofreció al limonero mediar para que las autoridades escuchen a los verdaderos líderes de las comunidades. Sólo le pidió el nombre después de prometerle que únicamente se lo daría al obispo.
Luego, con la sotana blanca todavía puesta, condujo su camioneta por un polvoriento camino donde a veces los grupos armados ponen retenes o, más hacia los cerros, instalan minas o atacan con drones a sus rivales.
A los cárteles “ya no les interesa bajar el perfil porque tienen al Estado en sus manos, un gobierno cabeza abajo”, aseguró desde su parroquia en las afueras de Apatzingán.
“Luchaba por nosotros”
El 1 de noviembre siete disparos acabaron con la vida del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, de 40 años, mientras celebraba el Día de Muertos entre cientos de personas en pleno centro de su ciudad y pese a tener 22 escoltas, 14 de ellos Guardias Nacionales.
Semanas después la escena del crimen seguía acordonada junto a flores marchitas, velas y mensajes de duelo. “Ni un paso atrás”, decía uno de ellos.
Manzo –exdiputado del oficialista Morena y luego uno de sus críticos— era visto como el único político que intentaba limpiar de narcos su territorio. Había depurado a la policía municipal. Presumía sus capturas en redes. Visitaba a los vecinos en las zonas más complicadas. En octubre había pedido ayuda al gobierno federal.
“Yo sentía que luchaba por nosotros”, dijo Imelda Peña, una maestra de 42 años que aunque reconoció que Sheinbaum ha endurecido la estrategia de seguridad contra el crimen organizado, pensaba que no era suficiente. “Ojalá esto sea un punto de inflexión”.
Los vecinos de Uruapan apodaban a Manzo “el Bukele mexicano” en referencia al polémico presidente salvadoreño y muchos lo veían como la persona que podría arrebatarle el gobierno del estado al oficialismo de Morena. Su mensaje de confrontación con los cárteles resonaba en todo el país.
El gobierno federal vinculó su crimen a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero todavía no se sabe quién lo ordenó, el móvil, ni por qué el atacante, un adolescente, recibió un disparo cuando ya había sido detenido. Siete de los nueve procesados hasta ahora eran escoltas de máxima confianza de Manzo.
Ni la actual alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Manzo, ni nadie de su Movimiento del Sombrero, impactados tras las detenciones, respondió a numerosas solicitudes de entrevista de AP.
Cien kilómetros al sur de Uruapan uno puede imaginar la protección que tenía Manzo observando a Guadalupe Mora, autoridad local de La Ruana, quien también cuenta con 22 escoltas y Guardias Nacionales que siguen sus movimientos.
Mora, que no deja de denunciar la inacción del gobierno y el avance de los criminales en su pueblo, pidió seguridad tras el asesinato de Manzo y de un sobrino. A su hermano Hipólito, fundador de las autodefensas que se alzaron en armas en 2013, lo mataron hace dos años.
“Parece que les incomodamos al gobierno y al crimen organizado”, comentó. “Por eso nos están matando”.
Cuando los planes fracasan
Michoacán ha sido un dolor de cabeza para muchos presidentes y es ahora uno de los principales retos de Sheinbaum.
En los últimos 20 años han fracasado todas las estrategias federales de pacificación, mientras los grupos criminales se fueron fragmentando y especializando.
