Redacción Noticiasenlineard
El empresario de medios afirma que los artículos 208 y 210 penalizan la difusión de videos de interés público y establecen una “ley mordaza” en las plataformas digitales.
SANTO DOMINGO, RD.- El influyente empresario digital y CEO de Alofoke Media Group, Santiago Matías (Alofoke), lanzó una advertencia directa al Poder Ejecutivo al otorgar un plazo formal de 48 horas al presidente de la República, Luis Abinader, para que intervenga en la modificación del nuevo Código Penal. Matías amenazó con realizar una convocatoria a paro general, tanto en el territorio nacional como en la diáspora del exterior, si no se eliminan o reforman los artículos que regulan y penalizan los delitos de difamación e injuria en los medios virtuales y redes sociales.
La drástica postura del comunicador surge como rechazo a la entrada en vigencia de la reforma penal, pautada para el próximo seis de agosto. Según expuso Matías, la pieza aprobada por el Congreso Nacional representa una “ley mordaza” que instaura un ambiente de censura sobre la ciudadanía y restringe la fiscalización social. A modo de ejemplo, el productor radial argumentó que, bajo el nuevo marco normativo, hubiese resultado ilegal difundir el video donde un cabo de la Policía Nacional le quitó la vida al joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes en La Cañada de Guajimía, un material audiovisual que resultó determinante para el procesamiento judicial del agente actuante.
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El núcleo del conflicto legal se concentra en los artículos 208 y 210 de la normativa. El artículo 208 tipifica como difamación cualquier alusión o imputación pública que afecte el honor, la imagen o dignidad de una persona física o jurídica, extendiendo explícitamente la prohibición a transmisiones en vivo (streaming) y entornos electrónicos. Por su parte, el artículo 210 sanciona la injuria, cerrando el cerco sobre la crítica y los comentarios despreciativos en el ciberespacio. Diversos sectores de la comunicación y del ámbito artístico, como la cantante Melymel, se han sumado al rechazo convocando a jornadas de cacerolazos, mientras la opinión pública permanece dividida en torno al control de los excesos difamatorios en las redes sociales.
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