Por: José Abreu / Director de Noticias En Línea RD
SANTO DOMINGO. – La presencia del presidente de la República, Luis Abinader, cada lunes en la sede de la Policía Nacional no solo ha dejado de surtir el efecto político y administrativo deseado, sino que se ha convertido en una afrenta para una sociedad civil que se siente bajo un verdadero estado de sitio. Tras 148 visitas semanales a lo largo de su gestión, los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana están a la vista de todos: un absoluto fracaso orquestado y boicoteado desde las entrañas de la misma uniformada.
Es momento de que el mandatario comprenda que su presencia, indudablemente bien intencionada, en el Palacio de la Policía es utilizada como un escudo de legitimidad por una cúpula institucional que arrastra serios cuestionamientos de complicidad con el crimen organizado.
Sentarse con el enemigo en la mesa
Representa una profunda vergüenza institucional ver al jefe de Estado sentado en la misma mesa con generales y coroneles que controlan cuadrantes e inspectorías regionales donde la delincuencia opera con total impunidad. Mientras el presidente revisa gráficos y estadísticas maquilladas, en las calles los agentes de menor rango participan de manera directa o por omisión en redes de asaltos, sicariato y raterismo, bajo la mirada indiferente de sus superiores.
La reforma policial no ha avanzado porque los llamados a ejecutarla son los principales beneficiarios del caos actual. El mandatario no puede seguir compartiendo escenario con altos mandos que boicotean sistemáticamente la tan anhelada transformación de la fuerza pública.
Los escenarios de la infamia y la impunidad
La historia reciente de la institución no es de servicio público, sino de crónicas de sangre y narcotráfico que salpican directamente a los mandos policiales:
El crimen de La Barranquita: El pasado 10 de septiembre, cinco jóvenes fueron ejecutados de manera premeditada en una barbería de Santiago de los Caballeros. La investigación del Ministerio Público desveló que en la masacre participaron once agentes pertenecientes al equipo operativo del Departamento de Investigaciones del Crimen Organizado (DICRIN), una estructura que respondía directamente a las órdenes de la alta oficialidad que se cuadra ante el presidente cada lunes.
La ejecución de Herrera: La barbarie más reciente tocó las fibras del país con el asesinato a quemarropa de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, un joven trabajador de apenas 18 años, ultimado en La Cañada de Guajimía por el cabo José Francisco Moreta Heredia. Un acto de brutalidad que provocó la parálisis de Santo Domingo Oeste y que desmiente cualquier discurso oficial de proximidad ciudadana.
Narcotráfico en las altas esferas: El pasado 19 de junio, la suspensión e investigación de los generales Eduardo Escalante Alcántara y Wandy Madé Montilla desnudó la peor faceta de la cúpula. Ambos oficiales fueron relevados tras verse presuntamente vinculados a la desaparición de 271 paquetes de cocaína incautados en Haina, San Cristóbal. Si los llamados a perseguir el narcotráfico se quedan con la sustancia, ¿en manos de quién está la seguridad del país?
Un llamado a la dignidad presidencial
Las redes sociales se han convertido en el verdadero diario de la delincuencia policial, donde diariamente la ciudadanía denuncia extorsiones, macuteos y atropellos físicos. El presidente Luis Abinader debe romper de inmediato con la rutina de asistir a la sede policial.
Continuar asistiendo de manera religiosa cada lunes valida una gestión deficiente y envía el mensaje equivocado de que la presidencia de la República es tolerante con una cúpula que juega a dos caras: una de sumisión frente al mandatario y otra de conveniencia frente al crimen organizado. La seguridad ciudadana no se resolverá asistiendo al antro del problema, sino saneándolo de raíz desde el Poder Ejecutivo.
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