Santo Domingo. El exsenador y exvicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, responsabilizó este lunes al Gobierno por el aumento de las muertes ocurridas durante intervenciones de la Policía Nacional y reclamó una actuación más firme del Ministerio Público para investigar estos casos.
Durante la rueda de prensa semanal del PLD, Lorenzo sostuvo que el presidente Luis Abinader recibe informes periódicos sobre las personas fallecidas en operativos policiales, por lo que consideró que las autoridades deben ofrecer respuestas concretas frente a esta situación.
Asimismo, hizo un llamado a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que ejerza su responsabilidad institucional e impulse las investigaciones correspondientes sobre las muertes registradas durante actuaciones policiales.
“No basta con lamentaciones. Nosotros reiteramos que cesen las ejecuciones extrajudiciales, porque para eso existen los procesos judiciales”, expresó el dirigente peledeísta.
Pide respetar el debido proceso
Aunque reconoció la labor de la Policía Nacional en la preservación de la seguridad ciudadana y su facultad para realizar operativos e inspecciones cuando las circunstancias lo ameriten, Lorenzo sostuvo que esas atribuciones no pueden justificar, a su juicio, el uso excesivo de la fuerza que termina con la muerte de ciudadanos.
El exlegislador insistió en que corresponde al sistema de justicia, y no a las actuaciones policiales, determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas en hechos delictivos.
PLD insiste en investigar las muertes
Lorenzo afirmó que desde enero de este año el PLD ha venido alertando sobre el incremento de las muertes ocurridas durante intervenciones policiales.
Según indicó, la organización política maneja registros que sitúan en alrededor de 150 las personas fallecidas en este tipo de operativos durante el presente año.
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Finalmente, reiteró su llamado para que cesen las acciones que calificó como “ejecuciones extrajudiciales” y pidió que cada caso sea investigado conforme a los procedimientos establecidos por la ley, garantizando el debido proceso y la actuación de los tribunales competentes.
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