Redacción Noticiasenlineard
El asesinato del joven Darlin Mercado en Herrera revive los cuestionamientos ciudadanos sobre la efectividad de la reforma policial impulsada por el Gobierno.
Las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la Policía Nacional se consolidan como una problemática recurrente en la sociedad dominicana. Las estadísticas oficiales del propio cuerpo del orden revelan que un total de 146 personas perdieron la vida bajo estas circunstancias durante los primeros seis meses del año 2026, una cifra que evidencia la persistencia de métodos letales en los operativos de patrullaje público.
El debate sobre el uso excesivo de la fuerza civil se recrudeció tras la trágica muerte de Darlin Mercado Pérez, un joven de 18 años de edad ultimado de un disparo por el cabo José Francisco Moreta Heredia en el sector Herrera, en Santo Domingo Oeste. Este hecho se suma al reciente homicidio de Marky Abraham García Gil, alias “Maiky”, abatido en La Vega por patrulleros mientras mantenía las manos levantadas en señal de rendición, eventos que quedaron documentados en vídeos de amplia difusión pública.
Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, denunció que la institución del orden público ha incurrido en más de 600 ejecuciones extrajudiciales a lo largo de los últimos seis años. El activista deploró que estas prácticas se hayan vuelto “más recurrentes” de forma reciente, contradiciendo el espíritu de la “reforma policial” estructural que abandera el gobierno del presidente Luis Abinader para extirpar los vicios históricos del organismo. El expediente evoca dramas del pasado como el de la pareja de pastores Elisa Muñoz y Joel Díaz, acribillados en un retén en Villa Altagracia en 2021, o la muerte de David de los Santos bajo custodia en el destacamento de Naco.
Frente a la ola de indignación civil, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, defendió las intenciones de transformación y aclaró que los agentes involucrados en estos sucesos constituyen una minoría dentro de un cuerpo de más de 43,000 efectivos. El director general de la uniformada garantizó que el caso de Herrera no quedará impune y que se solicitará la máxima sanción penal para el cabo procesado, en tanto que la comunidad sepultó los restos de Mercado Pérez en medio de reclamos colectivos de justicia institucional.
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