El magistrado Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.Fuente Externa
Redacción Noticiasenlineard
SANTO DOMINGO, RD.– La atención judicial y social de la República Dominicana se concentra este lunes en la figura del magistrado Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Sobre sus hombros descansa la responsabilidad histórica de emitir el fallo preliminar que definirá si los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López irán a juicio de fondo por la tragedia de la discoteca Jet Set Club.
El proceso penal, considerado de tramitación compleja, busca establecer las responsabilidades en torno al colapso del techo del emblemático establecimiento ocurrido el 8 de abril de 2025, un catastrófico hecho que cobró la vida de 236 personas y dejó más de un centenar de heridos.
Formación y trayectoria del magistrado
Nacido el 6 de enero de 1981 en La Romana, Mejía Zorrilla posee una sólida carrera estructurada en las áreas del Derecho Penal y Constitucional.
- Se graduó de la carrera de Derecho en la Universidad Central del Este (UCE) en el año 2003.
- Cuenta con una especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social, complementada con estudios avanzados en Derecho Procesal Penal y Constitucional por la Universidad de Costa Rica en 2008.
- Cursó una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) entre los años 2008 y 2010.
- En julio de 2024, alcanzó el grado de doctor con mención internacional a través de un riguroso programa conjunto entre la Universidad de Salamanca y la institución académica del país.
A lo largo de su ejercicio en la judicatura, el magistrado ha liderado procesos judiciales vinculados a delitos de cuello blanco, narcotráfico, corrupción y casos de alto impacto nacional, ganándose reputación por su rigurosidad técnica en el manejo del debido proceso.
El rol decisivo en el caso Jet Set
En esta fase intermedia o de audiencia preliminar, el juez Mejía ha tenido la compleja tarea de ponderar las densas pruebas presentadas tanto por los fiscales del Ministerio Público como por los equipos de la defensa y de las víctimas querellantes.
Su dictamen final determinará si las evidencias recolectadas poseen la fuerza jurídica suficiente para elevar el expediente hacia un juicio de fondo o si, por el contrario, favorecerá a los imputados con un auto de “no ha lugar”.
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La sociedad civil y el colectivo “Movimiento Justicia Jet Set” mantienen una estricta vigilancia sobre el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El gran debate jurídico de la opinión pública radica en la tipificación penal del caso, donde el Ministerio Público sostiene la calificación de “homicidio involuntario”, mientras que las familias de las víctimas exigen de manera categórica que el suceso sea juzgado bajo la figura de dolo eventual.
