SANTIAGO, RD — El Ministerio Público de la República Dominicana, en estrecha colaboración con el departamento de Homeland Security de los Estados Unidos, ha puesto al descubierto los engranajes de la Operación XL 526. Esta estructura de criminalidad organizada transnacional operaba desde las zonas suburbanas de la provincia de Santiago, utilizando la tecnología de la información y el terror psicológico para estafar a más de 400 ciudadanos estadounidenses en un entramado millonario.
La magistrada de la Oficina de Atención Permanente de esta demarcación fijó para el próximo lunes la audiencia donde evaluará las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción, en la cual el órgano persecutor solicita prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo debido a la multiplicidad de imputados y la ramificación internacional del delito.
Los Centros de Operaciones: Jacagua y Los Cocos
De acuerdo con el voluminoso expediente acusatorio, la red no operaba de manera improvisada. Tenía sus centros de mando logístico y tecnológico en el municipio de Jacagua y en el sector Los Cocos, en la provincia de Santiago.
Desde estas locaciones, un personal compuesto mayoritariamente por jóvenes con habilidades tecnológicas y dominio del idioma inglés montaba “call centers” clandestinos. Utilizaban redes privadas virtuales (VPN) y contrataban números telefónicos virtuales con códigos de área estadounidenses a proveedores en territorio norteamericano. Esto les permitía simular que las llamadas y los mensajes de WhatsApp se originaban dentro de EE. UU., manteniendo a los operadores locales en el más absoluto anonimato.
El Engaño Inicial: Citas Ficticias en Portales Íntimos
La primera fase del Modus Operandi consistía en la captación masiva mediante ingeniería social. Los miembros de la red diseñaban y publicaban anuncios publicitarios altamente atractivos en portales de citas, encuentros íntimos y clasificados para adultos en Estados Unidos.
En dichos anuncios se ofrecían servicios sexuales ficticios de supuestas mujeres que nunca existieron. Cuando un ciudadano estadounidense —identificado internamente en la jerga de la red como un “Pancho”— mordía el anzuelo y contactaba al número del anuncio, entraba en escena el primer eslabón operativo de la banda.
La Estructura de Roles y el “Guion del Terror”
La investigación del Ministerio Público describe una distribución de funciones perfectamente delimitada dentro de la organización delictiva:
Los Tiradores: Eran los encargados de responder los mensajes iniciales. Su objetivo era ganarse la confianza del “Pancho” para sonsacarle datos básicos, fotografías íntimas y, de ser posible, adelantos de dinero mediante tarjetas de regalo de plataformas reconocidas.
Los Investigadores de Registros, una vez que el “tirador” obtenía el número telefónico real de la víctima, realizaba capturas de pantalla de las conversaciones y las transfería a una unidad de rastreo. Este equipo utilizaba plataformas de recopilación de registros públicos estadounidenses en la “Deep Web” para cruzar datos. En cuestión de minutos, obtenían nombres de familiares, lugares de trabajo, direcciones residenciales exactas y edades de los objetivos.
El Falso Administrador, con el perfil completo de la víctima, un miembro especializado de la red se comunicaba nuevamente con el usuario afectado. Este operador ejecutaba un guion sumamente agresivo: se hacía pasar por el “encargado o dueño de la casa de citas”. Le reclamaba con violencia haberle hecho perder tiempo y dinero a la supuesta joven, alegando que ella había rechazado a otros clientes por su culpa, y le exigía una multa económica inmediata.
El Uso de Carteles Ficticios como Herramienta de Coacción
Si el ciudadano estadounidense se resistía a pagar la penalización impuesta, la red activaba su fase más violenta mediante la intimidación y la coacción extrema.
Los imputados enviaban mensajes de texto, audios perturbadores y videos afirmando pertenecer a organizaciones criminales de extrema violencia global, específicamente mencionando al Cártel de Sinaloa o a las Maras Salvatruchas (MS-13). Para hacer creíble la amenaza, realizaban montajes audiovisuales con personas encapuchadas portando fusiles y armas largas de fuego. A estas imágenes les superponían notas de voz en inglés o español con acento extranjero, mencionando de forma explícita el nombre de la víctima, su dirección residencial y los nombres de sus hijos o familiares directos, advirtiendo que serían ejecutados si no realizaban el depósito.
El Circuito Financiero: Canales Digitales y Lavado en RD
Desesperadas por el pánico y el temor real de un ataque a sus familias, las víctimas cedían a la extorsión. La red proveía un abanico de canales digitales en EE. UU. para facilitar el pago inmediato:
Billeteras Digitales: Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, Apple Pay y Chime.
Criptoactivos: Transferencias directas en Bitcoin para dificultar el rastreo.
Para evadir los sistemas antiblanqueo de capitales de la banca estadounidense, las cuentas receptoras pertenecían a intermediarios en EE. UU., denominados “colectores”, quienes atomizaban y movían los fondos de forma rápida. Posteriormente, el dinero era enviado hacia la República Dominicana a nombre de testaferros de la red mediante remesadoras nacionales de alto flujo como Caribe Express, Western Union, Ria y Vimenca. Los intermediarios cobraban comisiones que oscilaban entre un 15% y un 30% por coordinar el movimiento transnacional de los fondos ilícitos.
Evidencias Incautadas y Pruebas del Caso
Durante los múltiples allanamientos simultáneos coordinados por el Ministerio Público y agentes fiscales, se desmantelaron los centros operativos de Jacagua y Los Cocos. En el lugar se incautaron:
Decenas de teléfonos móviles inteligentes de última generación.
Máquinas industriales de contar billetes.
Sellos gomígrafos de financieras e instituciones ficticias.
Dispositivos de almacenamiento masivo y computadoras con los guiones de extorsión abiertos.
Barras de oro sólidas y altas sumas de dinero en efectivo.
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El órgano persecutor ha incorporado en las piezas probatorias transcripciones certificadas de interceptaciones telefónicas autorizadas, informes de análisis forense digital a los servidores incautados, peritajes tecnológicos y los recibos físicos de los envíos de remesas que vinculan directamente a los jóvenes detenidos con el lavado de activos proveniente de la ciber-extorsión.
