Invitado al Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones , encabezado por Guido Gómez mazara, presidente del consejo directivo, Desirée Logroño, dir. Ejecutiva, César Moliné, director de Ciberseguridad y Edgar Arnaud, director del departamento de Investigación Y Crímenes de Alta Tecnología (DICAT).José de León. Fuente externa
Análisis / Redacción NoticiasEnlineaRD
El avance de los delitos informáticos en la República Dominicana ha dejado al descubierto una alarmante realidad que sobrepasa la capacidad operativa visible de nuestras instituciones de seguridad. Durante su comparecencia en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el presidente del consejo directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, reveló un dato estadístico profundamente preocupante: el 85 % de las víctimas de extorsión y chantaje digital en el país decide no presentar denuncias formales ante la Policía Nacional o el Ministerio Público. Esta alarmante cifra de subregistro significa que solo un exiguo 15 % de los ciudadanos afectados se atreve a formalizar su caso ante las autoridades competentes.
Nuestra tesis desde NoticiasEnlineaRD es contundente: este masivo silencio colectivo no responde a una indiferencia ciudadana, sino a un profundo arraigo del temor a la exposición pública, la revictimización social y, en muchos casos, al escepticismo sobre la velocidad de respuesta del sistema judicial. En el siglo XXI, la delincuencia informática se ha sofisticado de manera vertiginosa. No obstante, el andamiaje estatal dominicano sigue operando con una brecha de confianza que empodera a las organizaciones criminales. El ciberdelito se nutre directamente del anonimato de las pantallas y de la vergüenza de los agraviados, un circuito perverso que debe romperse de inmediato mediante campañas agresivas de concientización y blindaje de la identidad de los denunciantes.
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El núcleo del debate y su impacto social
El nudo de esta problemática radica en el uso de plataformas como WhatsApp y redes sociales para la extorsión económica, utilizando montajes digitales y amenazas. Los registros de la Procuraduría y el DICAT muestran un aumento de casos basados en la manipulación de material íntimo para destruir la reputación de las víctimas.
La impunidad virtual, provocada por el temor a la exposición (que calla al 85% de las víctimas), fomenta que los criminales multipliquen sus acciones, afectando gravemente la salud mental y económica de los afectados. No obstante, la próxima implementación del nuevo Código Penal representa una herramienta clave para combatir este escenario, al fijar penas de cinco a diez años de prisión.
